Dario Pale /
Xalapa,Ver.-La iniciativa «Más familia, Más Vida» que será votada este día en la sesión ordinaria del Congreso del Estado incurre en varios delitos, así lo señaló la activista a favor de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTI, Jazz Bustamante.
Entrevistada en los escalones de conocido café del centro, detalló que esta iniciativa viola diversos artículos de la Ley Reglamentaria, la Ley de Referendo Plebicito y la iniciativa popular del estado de Veracruz.
Señaló que es incorrecto que a esta iniciativa estén adheridas 400 organizaciones estatales y federales, ya que el Congreso del Estado, estaría consultando únicamente a este grupo los derechos humanos básicos, como el acceso a la educación sexual y reproductiva, laica, el matrimonio civil e igualitario del mismo sexo y la adopción.
“Es vulnerable ya que de llegarse a aprobar se estaría incitando a la segmentación, al odio y a los prejuicios e intolerancias que perjudicarian a cientos de familias de la diversidad sexual que ya están viviendo en matrimonio aunque no estén constituidos legalmente”, dijo.
En ese tenor, desglosó que se incurre en delito en el artículo 12 del Código Civil, el cual indica que toda iniciativa popular procederá por escrito si es firmada por el 0.2% inscritos en el padrón electoral vigente del estado correspondiente de la elección de ayuntamientos más reciente.
Así mismo, al artículo 13, que dice que la comisión dictaminadora contará con el auxilio de dependencias de la entidad administrativa pública, así de organismos autónomos para la verificación de procedencia.
“El Organismo Público Local Electoral (OPLE) o la Comisión Estatal de Derechos Humanos debió revisar los requisitos de esta iniciativa popular, por lo que no se hizo”.
«Aquí lo irónico y preocupante, no van a dictaminar ninguna reforma de grupos feministas pero si de iniciativa de amigos o de un grupo religioso, la ley debe de ser pareja», enfatizó la activista a favor de los grupos LGBTTTI.
De esta forma, resaltó que la administración actual está incurriendo en prácticas similares a las del sexenio del ex gobernador, Javier Duarte, puesto que no permiten que grupos de activistas en favor de la diversidad y educación sexual propongan iniciativas, sino que por «amiguismos y compadrazgos» y ahora grupos religiosos quieren tener participación en los asuntos del Estado.
