DENISSE BRAUER /
Ciudad de México / “VamosPorMás” y “#FiscalíaQueSirva” es lo que se leyó en los carteles que portaban los integrantes de 299 organizaciones de la sociedad civil que se dieron cita este mediodía en el Ángel de la Independencia para exigir una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del Ejecutivo y libre de cuotas partidistas.
Los voceros en este evento fueron Alexandra Zapata, integrante del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) y Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En sus participaciones, ambos alertaron que la autonomía constitucional aprobada en 2014 corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañada de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una profesionalización del personal.
“Una nueva fiscalía autónoma, capaz e independiente sensible a los derechos de las víctimas requiere transformar la PGR en una institución profesional técnicamente sólida con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito y con controles más efectivos para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación”, dijo Alexandra Zapata.
Se pronunciaron porque se procure que la Fiscalía General sea un ente independiente del Ejecutivo, con autonomía, capacidad de gestión, profesionalización de su personal, libre de cuotas partidistas y que no sea rehén de decisiones políticas o económicas.
Alexandra Zapata dijo que actualmente el común denominador que tienen las violaciones graves de derechos humanos, la corrupción rampante, el crimen organizado, la lacerante impunidad y todas las expresiones del México de la injusticia es la ausencia de una fiscalía autónoma capaz e independiente que cimente nuestro estado de derecho.
Agregó que hoy lo que tenemos es un ente capturado por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñado para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano e incapaz de cumplir cabalmente su mandato.
“La PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México. La deriva de la PGR se constata en las historias de personas agraviadas por la inadecuada investigación de delitos que suceden todos los días y se cuentan por miles. La PGR debe convertirse en una fiscalía autónoma capaz e independiente”.
Por ello, integrantes de los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva han acercado posturas y trabajado durante meses para construir una propuesta cívica para reemplazar a la PGR por una fiscalía autónoma capaz e independiente.
Por otra parte, Abel Barrera adelantó que en los próximos días presentaran ante el Congreso de la Unión una iniciativa cívica para dictamen la cual se fundamenta en estudios y diagnósticos profundos y consultas con decenas de expertos nacionales y extranjeros, misma que reconociendo el trabajo previo de los legisladores incorpora los planteamientos más sólidos de todas las iniciativas que todos los partidos políticos y el Ejecutivo federal han promovido en el Congreso.
“Estamos convencidos de que el país requiere propuestas técnicamente sólidas, políticamente viables y con amplio respaldo social por eso entregaremos este proyecto ciudadano de dictamen al Congreso y pugnaremos porque nuestra propuesta sea discutida en un formato de parlamento abierto de cara a la sociedad.”
Añadió que la pluralidad de la coalición social que hoy presenta esta iniciativa confirma que más allá de trayectorias y divergencias políticas hay temas centrales para la vida de México en los que convergen colectivos de víctimas, la Academia, la sociedad civil organizada y el sector empresarial, todos coincidimos.
“Es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad.”
Subrayó que hasta hoy, el debate público ha girado en torno al pase automático del procurador a la Fiscalía General, situación que ha generado un amplio rechazo en la sociedad mexicana “por ello nuestra propuesta busca asegurar la independencia política del fiscal general y las fiscalías especializadas en anticorrupción delitos electorales y derechos humanos incorporando criterios de designación que recuperen la legitimidad -hoy perdida por la PGR derivada de los vínculos partidistas, las cuotas entre partidos y otras prácticas de control político-, acotó.
Buscamos que la Constitución asegure procedimientos de selección con contrapesos máxima publicidad rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito.
Detalló que la propuesta considera también una revisión a profundidad de la forma en que operan los servicios técnico forenses por lo que propone la creación de un Consejo de Ministerio Público de la Federación, quien deberá tener facultades de atracción de casos de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que revistan importancia para el ámbito nacional, finalizó.
