Promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción el 7 de abril de 2016.

Corrupción e incertidumbre

¿Dónde empezó la corrupción: en la naturaleza misma de nuestra sociedad o en su sistema político?

Jorge Francisco Cabral Bravo

La corrupción de las élites políticas y empresariales del país no es inherente a una naturaleza corrupta al que gobiernan, ni semejante tara cultural, a mi juicio justificación dolosa e inexistente, propicia gobiernos corruptos. De manera que, en este caso, se puede responder que la corrupción del sistema político fue primero y después la descomposición que ocasionó en el cuerpo social.

Gabriel Zaid en la revista Vuelta escribió este texto: “La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema mismo”.

Sin menoscabo de los innegables cambios que, desde la fecha en que Zaid escribió este texto, ha registrado nuestro sistema político, la corrupción sigue siendo su núcleo y está en la lógica del ejercicio del poder desde que afirma Jesús Silva Herzog Márquez, funda su legitimidad en votos que se obtienen mediante clientes comprables con fondos desviados de la hacienda pública. La corrupción está en la forma en que opera el sistema: coopta voluntades, margina al que no le entra, amedrenta al que se niega a la complicidad, hace del tráfico de influencias la manera más rápida de enriquecer, favorece contratos a familiares, amigos e incondicionales y exige mordida para facilitar trámites o burla la ley.

Su práctica ha estado, históricamente, en casi todos los que han ejercido el poder.
Y en este contexto otra de las asignaturas pendientes en el poder Legislativo es terminar todo el entramado legal pendiente en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, que para su implementación se dio un plazo de un año para que las entidades federativas adecuen sus leyes al nuevo sistema, estableciéndose además que en materia de sanciones se pasaría de una política de castigo a una política de prevención, por lo que contaría con mecanismos de autoevaluación para ir perfeccionando el sistema.

Y aunque se han dado pasos importantes para la total implementación de acciones contra la corrupción, son los legisladores quienes han fallado y faltado a su compromiso de echar a andar en tiempo y forma el andamiaje legal en la materia, porque no han cumplido con nombrar fiscal y magistrados especializados en la materia, en tanto que los Congresos locales procesan con suma lentitud las reformas constitucionales requeridas para el caso.

La corrupción en México representa un serio obstáculo para alcanzar mejores niveles de bienestar. La identificación correcta de sus causas debería orientar la estrategia para su combate.

En cualquier latitud, la corrupción, entendida como el abuso de las posiciones de poder para beneficio propio existe tanto en el sector público como en el privado. Por sus implicaciones sociales, la primera, que involucra a funcionarios gubernamentales y, con frecuencia a participantes privados, resulta especialmente grave.

La corrupción en el sector público se manifiesta de formas variadas, incluyendo el soborno, la extorsión, el nepotismo, la malversación de fondos y la captura del Estado. Con frecuencia se mezcla con fraudes, lavado de dinero y otros delitos. El combate a la corrupción en México es un camino necesario para acrecentar el bienestar social. Su estrategia debería ir a las raíces del problema. El fenómeno no admite simplificaciones, y requiere acciones en varios frentes, sobresaliendo, desde luego, la aplicación objetiva y expedita de las leyes para sancionar ilícitos. Sin duda, la impunidad ha incrementado enormemente la rentabilidad esperada de cualquier delito.

Más que la creación de más burocracias que vigilen a las existentes, el combate a la corrupción debería basarse en el cumplimiento estricto de las leyes y la desregulación. Con un enfoque gubernamental en las tareas básicas y menos discrecionalidad, México podría prosperar.

El 13 de marzo pasado, Denise Dresser escribía: “no puede haber nombramiento del fiscal anticorrupción, si no se producen los cambios que garantizan su éxito. Jamás habrá un combate efectivo a la corrupción si se siguen creando instituciones y nombrando personas que harán imposible esa labor. Jamás acabaremos con el pacto de impunidad que nos paraliza como país si el senado continúa sustituyendo las mejores prácticas por los peores vicios.

Jamás habrá investigados y sancionados sin fiscales con las atribuciones legales para llevar a cabo esas tareas. Lo que sí habrá es más impunidad, más convocatorias huecas que convierten al Senado en un lugar donde se desechan leyes eficaces y se aprueban arreglos florales”.

El 19 de abril, el procurador general de la República firmó un acuerdo que disminuyó las atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular no podrá investigar la corrupción en la PGR, nombrar sus propios agentes del Ministerio Público o a sus peritos, y que podrá ser despedido por el procurador aunque lo nombre el Senado de la República, cosa que, por cierto, el Senado no ha hecho.

Un grupo encabezado por Luis Carlos Ugalde consideró que “carecer de autonomía plena” no es argumento que justifique la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y se fue dando un portazo al Senado. Es, dijo, “una omisión gravísima que mella la legitimidad y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Luis Carlos Ugalde, Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González, Issa Luna, Fernando Nieto Morales, Cristina Puga Espinosa y Juan Carlos Sánchez Magallan forman parte del Comité de Acompañamiento Ciudadano para el nombramiento del fiscal anticorrupción, y como los senadores no les hicieron caso en sus recomendaciones, dieron por concluida su misión.

Una de las banderas que la dirigencia del PRI decidió hacer suya es la de la lucha anticorrupción, a pesar de que la mayoría de los tlatoanis, perdón, de los exgobernadores acusados por ese delito salieron de sus filas.

Como es el caso de Morelos, donde será Fernando Charleston, uno de los exsecretarios de Finanzas de Javier Duarte, quien como presidente del PRI en el estado esté al frente de la asamblea estatal.

Ojalá que no nos olvidemos del trabajo que tenemos que seguir haciendo para exigir la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. La manera de encarar la corrupción y la incertidumbre es con liderazgo y certeza. Como sociedad. ¿tendremos la capacidad de ofrecerlos, más allá de lo que haga el gobierno?

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