Al gobierno le sobra dinero
Carlos Elizondo Mayer-Serra
El gobierno de Duarte, simplemente, le transfería recursos, en particular de las secretarías de Salud y de Educación del Estado de Veracruz, a empresas fantasma. Éstas no proveían servicio alguno a cambio del dinero recibido. Usaban los recursos para comprar activos que terminaban en manos de otras compañías fantasma o de sus testaferros. En palabras de quien fuera su abogado y quien ha soltado la sopa: “Lo que quería Javier Duarte era construir un patrimonio inmobiliario como su fondo de retiro”. (https://goo.gl/MXoWdy).
Es sólo la punta del iceberg. Del 2011 al 2014, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado faltantes por 50 mil millones de pesos de aportaciones federales al gobierno de Veracruz. Faltan por auditar 2015 y 2016. (https://goo.gl/DZ2SrW). Se trata de una quinta parte del ahorro presupuestal propuesto por el gobierno federal para el año entrante. Este desvío es sólo en un estado y únicamente en las aportaciones federales. Sobre los recursos propios del estado de Veracruz, incluidas las transferencias de los impuestos federales que le corresponden, nada se sabe. Las auditorías las hacían sus leales empleados.
La historia del exgobernador Padrés en Sonora es similar, aunque se ve modesta frente a Duarte. Lo busca la PGR por 8.8 millones de dólares. En cuanto a Coahuila, parece seguir el mismo patrón. Ya se sabe que el actual gobierno de ese estado también ha realizado pagos a empresas fantasma. La diferencia es que la PGR en el caso de Coahuila mantiene un revelador silencio. Tampoco ha hecho nada respecto a las múltiples propiedades de excolaboradores del exgobernador Humberto Moreira que han sido decomisadas en Estados Unidos por provenir del erario de Coahuila.
Mientras no se desarrollen mecanismos más eficaces de control, y para ello se requiere implementar bien el Sistema Nacional Anticorrupción, sólo hay una alternativa frente a estos políticos gandallas: limitarlos a muy pocos recursos. Que el gobierno, sobre todo, en los estados más corruptos, tenga un presupuesto que le alcance sólo para cubrir sus compromisos.
Si pudo haber robos de miles de millones de pesos y nadie protestaba por un servicio que no se les brindaba es porque sobraba dinero. De 2000 a 2015 las transferencias y aportaciones de la Federación a las entidades pasaron del 6 por ciento del PIB a 9.1 por ciento. También, la Federación gastó más. Su gasto se incrementó del 14.5 por ciento del PIB al 20 por ciento.
Entidades cuyas responsabilidades no han variado hoy cuestan más. El presupuesto de la Asamblea del Distrito Federal pasó de 2000 a 2016, a pesos constantes de este año, de 982 millones a mil 820 millones. El Congreso del Estado de México de 684 millones a 1,361. La Cámara de Diputados de cuatro mil 130 a 7 mil 559 millones y el Senado de dos mil 181 a cuatro mil 421 millones de pesos. Hacen lo mismo que antes, pero más caro.
Uno de los gastos más irritantes es el que el INE transfiere a los partidos para su financiamiento las llamadas prerrogativas. Hay una iniciativa por parte del senador panista Francisco Búrquez para recortarlas a la mitad. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, dijo el 13 de septiembre: “Hay que apretarnos el cinturón desde el gobierno federal y los partidos para proteger los intereses de los mexicanos”. Debería apoyar esta iniciativa. Si la justificación de todos los partidos es que requieren de ese dinero para competir electoralmente con el adversario, si todos lo reducen a la mitad, nadie sale debilitado.
Luego hay un sinnúmero de organismos públicos que pierden dinero, como Luz y Fuerza del Centro, pero que al ser menos visibles no han entrado en el radar. El Servicio Postal Mexicano recibe desde 2011 unos mil millones de pesos de subsidio. Como ni así les alcanza para cubrir sus costos, terminan recibiendo otros mil millones de pesos para que cuadren las cuentas.
Podríamos seguir con innumerables historias de desperdicios de recursos públicos. Casi todos los días sale una nota en los medios de comunicación de una obra pública que se quedó a medias, o que se inauguró, pero nunca se equipó, o que funcionó unos meses y luego la abandonaron, o que simplemente nunca se hizo, aunque el gasto se ejerció. Están también la infinidad de programas gubernamentales inútiles, así como los excesos de choferes, guaruras, valets y todo tipo de apoyo personal para los funcionarios.
El recorte no sólo se queda corto frente a los dispendios históricos. Se hace sobre todo a costa de la inversión pública. Si los políticos quieren recuperar la confianza ciudadana es hora de recortar de verdad, empezando por lo que a ellos les duele.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carloselizondom
