Tiempos de Cambio
Jorge Ignacio Luna Hernandez
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido un gran número de modificaciones que al día de hoy suman más de 700 desde su promulgación en 1917, un número considerable en comparación con las de otros países como Estados Unidos, que posee tan solo 27 enmiendas ratificadas.
En su mayoría, las modificaciones han sido para garantizar una mayor protección de los derechos de los mexicanos y para regular situaciones jurídicas que han ido surgiendo ante una sociedad cada vez más compleja. Sin embargo, algunas de ellas también han sido reformas con nombre y apellido a capricho de los gobernantes en turno.
Lo cierto es que en el afán de ser cada vez más precisos, se ha terminado por inundar el texto constitucional con cuestiones que bien podrían encontrarse normadas en leyes secundarias y que sólo dificultan su comprensión para el grueso de la población.
De tal suerte que no pocos juristas sostienen la necesidad de una reforma integral a la Constitución o la creación de una nueva, lo que seguramente será un interesante debate en los años venideros.
Pero antes que esto suceda, una nueva iniciativa de reforma a la Constitución se maquila desde la Presidencia de la República. Hace algunas semanas Andrés Manuel López Obrador declaró que buscará decididamente la aprobación del Senado para elevar a rango constitucional el derecho a la pensión universal para los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y las becas para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una reforma que divide al país con opiniones a favor y en contra.
Con el inicio del nuevo régimen, se emprendieron una serie de programas para llevar bienestar a las familias más vulnerables de México, en los que se comprenden la pensión universal de adultos mayores, la pensión por discapacidad y las becas para el bienestar Benito Juárez, que en su conjunto, pretenden garantizar el acceso a una vida digna a los sectores más vulnerables del país.
No han sido pocas las voces críticas contra éstos y otros programas de bienestar, quienes han tachado estas políticas públicas de populistas e ineficaces, sin embargo, no está de más recordar que en la época neoliberal se excluyó del presupuesto a los más desprotegidos para beneficiar solo a un sector privilegiado de la población.
Por lo que esta nueva reforma, pretende asentar en nuestra Carta Magna el legítimo derecho a estos programas sociales, es decir; al elevarse a rango constitucional, el Estado se verá obligado a garantizar el derecho a su acceso y destinar un presupuesto anual para tal fin, de ahí que los neoliberales hayan pegado el grito en el cielo.
Su consecución no es tarea sencilla, pues además de la aprobación del Congreso de la Unión, se requiere la aprobación de la mitad más uno de los Congresos Locales. Empero, una vez llevada a cabo, su disolución será aún más complicada.
El Presidente sabe que la continuidad de su proyecto de nación estaría en riesgo si quien lo llegara a suceder no comulga con su ideología política, por lo que buscará a como de lugar estampar el legado de la Cuarta Transformación en nuestra Carta Magna y pagar una deuda histórica con los más desprotegidos que desde siempre han sido vistos como un botín electoral.
Jorge Ignacio Luna Hernández
Abogado de profesión
Regidor Tercero del Ayuntamiento de Coatepec
Maestrante en Administración Pública
