Veracruz, Ver. 05 de marzo de 2018.- Empresarios de la zona conurbada Veracruz-Boca de Río se pronunciaron por modificar la iniciativa de ley enviada por el gobernador al Congreso del Estado, mediante la cual se pretende la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia en todos los comercios.
Este lunes, empresarios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Veracruz (Canaco) y el Centro Empresarial de Veracruz (Coparmex), sostuvieron una reunión con los diputados locales, Patricia Rodríguez Cueto del Grupo Legislativo de Morena y Bingen Rementería Molina, del Grupo Legislativo del PAN, además de representantes del Gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), para discutir dicha iniciativa.
Se trata de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley que Regula a los Establecimientos Mercantiles en Materia de Seguridad del Estado de Veracruz, presentada por el gobernador del Estado en octubre de 2017 y a la cual dio entrada la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado el 7 de noviembre del mismo año.
Dicha ley pretende regular en todos los establecimientos mercantiles la ubicación, instalación, funcionamiento y operación de equipos y sistemas tecnológicos, así como el botón de alerta a cargo de los propietarios y/o representantes legales, para proteger a dichos establecimientos y las personas que acuden a los mismos contra acciones delictivas que violenten sus derechos humanos.
Los empresarios rechazaron la obligatoriedad para la instalación de dicho equipo sin que, desde el Gobierno del Estado se ofrezcan opciones de financiamiento y mantenimiento para el mismo.
Además pidieron aclarar todo lo relacionado a las sanciones para quienes incumplan con la ley referida.
Jesús Muñoz De Cote Sampiery, presidente de Canaco-Veracruz y Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex-Veracruz, coincidieron en cuestionar respecto a la clasificación de los establecimientos mercantiles, debido a que en la iniciativa se hace mención a los debajo, mediano y alto impacto, sin definir a cada uno de ellos.
Otros de los empresarios participantes en la reunión reprobaron permitir a personal de la Secretaría de Seguridad Pública “practicar visitas de verificación” a los comercios, al recordar que no se ha concluido la depuración de los cuerpos policiales y que actualmente se investiga la participación de varios elementos en la desaparición de personas por lo que “poner en manos de malos elementos esa información es un gran riesgo”.
En ese marco, hubo quien reprobó que se obligue a los empresarios a brindar acceso al personal de la SSP a las cámaras de video vigilancia y/o circuito cerrado.
Otros dijeron que como responsable de enlazarse con las video cámaras de los comercios, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), no tiene el personal y la capacidad técnica para atender las emergencias, pues contrario a la información oficial que asegura que cada emergencia se atiende en un promedio de un minuto, estas llegan a atenderse hasta en 25 minutos o una hora después del reporte de alguna emergencia o realización de algún delito.
Además, predominó el rechazó a que mediante dicha ley se pretenda obligar a los empresarios a proporcionar a la SSSP la base de datos de su plantilla de personal, con sus datos de identidad, mismos que estarán bajo su resguardo.
De igual manera, recordaron que con el articulado respectivo, la Ley que Regula a los Establecimientos Mercantiles en Materia de Seguridad, podría violentar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otros de los asistentes advirtieron que con dicha iniciativa se podría violentar el derecho a la privacidad, por lo que pidieron legislar primero en materia de seguridad privada.
Al término de la reunión, la diputada local morenista, Patricia Rodríguez Cueto destacó la importancia de escuchar a los sectores involucrados en el tema, antes de que la iniciativa de ley sea dictaminada.
Dijo que escuchar las preocupaciones de los empresarios permitirá la mejor toma de decisión, realizando las adecuaciones correspondientes.
Por su parte, Lauro Hugo López Zumaya, subsecretario de Asuntos Legislativos de la Secretaria de Gobierno (Segob), se comprometió a sostener nuevas reuniones para analizar y dar respuesta a cada una de las propuestas realizadas por el sector empresarial.
