Veracruz, Ver.- Cerca de tres mil familias del Puerto de Veracruz están en riesgo de perder su casa por un fraude orquestado dentro del seno del Gobierno del Estado, contando con la complicidad de varios notarios y otros actores.
Vecinos de las colonias populares Benito Juárez, Vías Férreas, Nuevas Esperanzas, Sector Popular, Chivería, Prolongación Miguel Hidalgo Sector Uno, Prolongación Miguel Hidalgo Sector Dos, Prolongación Miguel Hidalgo Sector Tres, Miguel Hidalgo y Costilla Sector Sur y Agustín Acosta Lagunes, recientemente denunciaron públicamente que podrían perder sus viviendas en caso de prosperar la demanda promovida por la señora Alicia Loyo Díaz.
La historia del entuerto es la siguiente:
A principios de la década de los ochentas, comenzaron a poblarse las colonias que hoy están en el ojo del huracán, sobre terrenos que eran propiedad de la familia Loyo Díaz, hecho que sucedió con la silenciosa complacencia de la administración pública.
Llegó un momento en que la ocupación irregular de estos terrenos se volvió un hecho irreversible y el Gobierno no tuvo más remedio que tomar medidas para resolver esta problemática.
Así las cosas, el Gobierno a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, comenzó la regularización de esos asentamientos desarrollándose infraestructura urbana y formalizando la propiedad de los lotes de terreno.
Se implementaron programas de desarrollo urbano con la participación de los representantes de las colonias populares, a través de los cuales se convenía la lotificación de los terrenos, se comprometían obras de drenaje, saneamiento y urbanización, entre otras cosas y se pactaron contratos de compraventa con reserva de dominio, a través de un instrumento de 25 de julio de 1985 el cual está inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Cerca de tres mil lotes de terreno, no fueron incluidos en esta regularización, y no obstante ello, actualmente se encuentran ocupados y tienen edificaciones en ellos.
¿Cómo pasó esto? Pues la explicación es la siguiente:
Funcionarios de la Dirección General de Patrimonio en complicidad con Notarios y algunos miembros de la familia Loyo Díaz, encontraron un jugoso negocio en la regularización “fast track” de estos cerca de tres mil terrenos. Así, comenzó a llevarse a cabo la urbanización y venta de estos terrenos sin pasar a través de todos los requisitos normativos y principalmente sin contar con el consentimiento de los copropietarios originales, lo que garantizaría una excelente ganancia para los partícipes del negocio, al dejar fuera del mismo a algunos actores a quienes no les participarían de las utilidades.
Esto trajo como consecuencia, que en el año 2008 comenzara el pleito legal en el seno de la familia Loyo Díaz y contra los malos servidores públicos del Gobierno estatal, así como contra los Notarios que se prestaron a actos de corrupción.
Así, la señora Alicia Loyo Díaz Viuda de Viesca denunció penalmente a sus hermanos Rosa Luz, Beatriz, Magdalena, Susana, Martha, Adriana, Celia, Mauro y Roberto, todos de apellido Loyo Díaz, y también denunció por esa misma vía penal a diversos servidores públicos de la Dirección General de Patrimonio y Notarios, por haber falsificado, a decir de ella, su firma en diversos documentos legales que dieron lugar a la ocupación de los terrenos.
Las investigaciones ministeriales siguieron su curso y se llegó inclusive a girar órdenes de aprehensión, las cuales finalmente fueron contenidas a través de amparos y otros recursos legales.
Hoy en día, la señora Alicia Loyo Díaz Viuda de Viesca inició una demanda de nulidad en el expediente 918/15 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, la cual se encuentra en trámite.
A decir de algunos especialistas en materia legal, esta demanda tiene buenas perspectivas de prosperar, por estar sustentada en hechos y documentos sólidos que no dejan lugar a dudas sobre la existencia del fraude en el que participaron servidores públicos estatales.
El resultado final de la demanda sería la nulidad de las Escrituras a través de las cuales las casi tres mil familias adquirieron sus viviendas y con ello, quedarían en situación de vulnerabilidad, porque ello implicaría la pérdida de sus casas a mediano plazo.
Hasta el momento el Secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado, no ha tomado cartas en el asunto y mucho menos ha dado la cara por parte del Gobierno del Estado a pesar de conocer a fondo esta problemática.
Los vecinos han comenzado a organizarse y por ende, se esperan marchas, bloqueos y otras medidas para hacer que el Gobierno del Estado se concientice de su situación, que dicho sea de paso, no es nada envidiable.
