Xalapa, Ver.- Por incumplir con sus obligaciones legales, los ex titulares de la Sindicatura, Tesorería y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Xalapa fueron inhabilitados por la Contraloría Municipal para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años, informaron en conferencia de prensa el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero y el contralor Eduardo Valente Gómez Reyes.
En conferencia de prensa realizada en la sala de Comunicación Social del Ayuntamiento informaron que las personas inhabilitadas son quienes ocuparon los cargos de Síndica, Michelle Servín González; Tesorero Municipal, Carlos Dorantes Sedas y el Director Jurídico, Roberto Pérez Gutiérrez, este último ahora es magistrado de la tercera sala del recién creado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).
El Edil expresó que con esta determinación se garantiza que los recursos públicos y procedimientos que establece la ley se cumplan, y que las irregularidades cometidas en la administración pasada no queden impunes.
Por su parte, Eduardo Valente Gómez detalló que derivado del análisis del proceso de entrega-recepción se inició diez investigaciones a ex funcionarios, de las cuales tres concluyeron, determinándose la inhabilitación de los titulares de la Sindicatura, Tesorería y Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal anterior.
Esto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 154 fracción sexta, 156 último párrafo, 161 y 115 fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 22 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal.
El funcionario explicó que la sanción se aplica porque los ex servidores públicos incumplieron su deber de entregar la información detallada y documentación correspondiente a su gestión.
La Sindicatura omitió entregar todos los contratos y convenios formalizados como representante legal de la administración; informar sobre los asuntos tratados por las comisiones de las que era integrante, así como el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales, lo que dificultó dar continuidad a los compromisos asumidos e ignorar la situación que guardaba el área de Recursos Humanos, así como materiales y archivos.
Por su parte –agregó–, la Tesorería no entregó los archivos de pago a plazos de contribuciones, condonación de multas fiscales y copias certificadas expedidas; beneficios fiscales concedidos a particulares y las condiciones por las cuales se otorgó dicho incentivo.
Tampoco informó sobre los procedimientos de guarda, custodia y liberación de fianzas, asuntos en trámite, y se detectó que la plantilla de personal no correspondía con la que laboraba en el área.
La Dirección de Asuntos Jurídicos omitió entregar el contrato celebrado con un particular para la defensa de los juicios laborales contra el Ayuntamiento y una relación adecuada de los expedientes de juicios laborales.
Como resultado de un análisis, se corroboró la existencia de dos en trámite, 28 concluidos y tres expedientes de depósito de condiciones generales de trabajo, así como diez audiencias laborales que debieron relacionarse como asuntos prioritarios en los primeros 90 días de la presente administración.
Eduardo Valente Gómez afirmó que se realizará todos los procedimientos legales para combatir la corrupción de los ex servidores públicos y dar resultados a la ciudadanía, por lo que continuará la revisión de los otros siete expedientes: “A la fecha se notificó a los involucrados en estos casos, así como a la Controlaría del Estado de Veracruz”.
El Presidente Municipal expuso que en el caso de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) se presentó nueve denuncias contra ex funcionarios públicos vinculados al presunto desvío de más de 200 millones de pesos, pues de acuerdo con las investigaciones de la Contraloría del organismo, los fondos que se gestionaron incumplieron la normatividad.
