Xalapa, Ver.- El intercambio de niñas -en comunidades indígenas de Veracruz- por mercancías o para el matrimonio es una práctica que no se erradicará sólo con sanciones, sino con educación y concientización, expresó la diputada Gladys Merlín Castro, quien dijo que la Comisión de Igualdad de Género coadyuva en acciones coordinadas con autoridades educativas y municipales para sensibilizar a los padres sobre esta conducta que viola los derechos humanos de sus menores hijas y además constituye un delito.
En regiones indígenas, rurales y, a veces, un poco disfrazado en zonas urbanas de la entidad, existe todavía el intercambio de niñas y adolescentes para ofrecerlas en matrimonio a cambio de dinero, terrenos, vacas, guajolotes u otro tipo de mercancías, lamentó la legisladora, vocal de esta comisión legislativa.
Explicó que si bien el Congreso de Veracruz ha legislado sobre la protección de menores y ha creado organismos para ello, las autoridades no pueden entrar de lleno a zonas indígenas a contrarrestar este mal social con medidas sancionadoras, pues deben tomar en cuenta que en estas comunidades la gente habla su lengua materna y se rige por sus usos y costumbres.
Son conductas que existen –comentó Gladys Merlín- en pleno siglo XXI en algunos municipios serranos de la región sur, como Mecayapan, Tatahuicapan, Pajapan y Zaragoza, entre otros.
Por ello llamó a instancias como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al nuevo Sistema Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a reforzar el trabajo que realizan, pero sugirió primero a investigar la incidencia de casos en dichas comunidades para posteriormente -a través de campañas de sensibilización- explicarles a los padres y madres de familia la magnitud de esta práctica.
En estas campañas –subrayó la también presidenta de la Comisión de Salud- debe instruirse a los padres la gravedad de obligar a sus hijas menores a casarse con hombres mayores porque no están desarrolladas fisiológicamente y, psicológicamente, no están encuentran preparadas para el matrimonio ni mucho menos para un embarazo a corta edad porque corren el riesgo de mortalidad, tanto la madre como el producto.
La legisladora destacó que hay países como Canadá que han desarrollado políticas y proyectos en esa materia y en breve estará en la ciudad de México con la consejera de Asuntos Políticos de la Embajada canadiense en México, Christina Préfontaine, quien en días pasados estuvo en esta capital para ofrecer apoyo económico a organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Sobre el tema, la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, Martha Mendoza Parissi comentó que la Convención Internacional de los Derechos de las Niños y las Niñas, establece que no debe darse el matrimonio forzado y uno de los objetivos para este 2016 es que ésta práctica no siga realizándose.
