IPE

Darío Pale

Xalapa, Ver.- El abogado Miguel Contreras González, presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, dio a conocer que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), tendría que devolver los montos descontados a maestros de la entidad por la contratación de falsos créditos que mediante la falsificación de firmas habrían tramitado algunas financieras.

«Hay diligencias y algunas demandas en contra del IPE, están por emplazar al IPE, una cuestión son, las cuestiones de caracter civil para efetcto de demandar la nulidad de esos contratos y la nulidad del descuento y la devolución de los dineros que de forma indevida les han descontado. Definitivamente, si el contrato es nulo, es falso, obviamente el IPE tiene que devolverles ese dinero, ya sería un problema generado entre el IPE y las financieras», señaló.

Dijo que hay entre mil quinientos y dos mil contratos falsos «no solamente por una empresa financiera, si no por varias».

«Son millones de pesos, son muchos millones de pesos los que están de por medio», aseguró.

En la falsificación de firmas para la asignación de estos falsos contratos con las financieras estarían inmiscuidos e involucrados personal de dependencias gubernamentales con financieras como Intermercado.

«Ahorita se han interpuesto algunas diligencias en los juzgados para efecto de que en primer término, el Instituto de Pensiones del Estado aclare el motivo por el cual les están descontando, tomando en consideración que muchas financieras falsificaron sus firmas a efecto de meterlas y que a partir de ahí se les descuente, derivado del hecho de que existe un convenio entre el IPE y las financieras», informó.

Explicó que en un juicio se demostrará que los contratos de créditos son prefabricados, las firmas falsificadas y los datos de los solicitantes como las referencias son falsas, por lo que aseguró que «Definitivamente esto es un tema que tiene que ventilarse ante las autoridades judiciales, todo se va a aclarar».

Por la vía civil se están integrando actualmente datos de alrededor de 30 afectados, pero el asunto se atraería también por la vía penal, donde además se denunciará omisión.

«Las dependencias gubernamentales, en particular el IPE o la SEV al tener conocimiento de estas constancias de manera extrajidicial, dreivado al hecho de que los maestros ya han expresado por escrito su completa inconformidad por esos descuentos, entonces hay delitos de omisión, hay responsabilidad penal tanto para una parte como para la otra», finalizó.

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