Los tres gobernadores cuestionados.

La función pública y sus gobernantes

Jorge Francisco Cabral Bravo

La función pública – el gobierno público es una cualidad de las sociedades civilizadas.
La civilización comenzó en el momento en que el hombre dejó de ser nómada, se instaló en un territorio y construyó una forma de gobierno.

Así pues, un buen gobierno es una condición para el desarrollo integral de las sociedades y las personas que las conforman.

Un síntoma de muchos países el día de hoy es la desconfianza en la función pública y los gobiernos de los países, el desgaste generado de la clase política a nivel global.

Es común escuchar la expresión “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.

Diversos desarrollos de la Teoría Política actual plantean un nuevo paradigma: “Los países son lo que sus gobernantes son”, así recordaremos a los estadistas que en sus países lograron cambios que trascendieron su tiempo y proyectaron históricamente a las sociedades que dirigieron. Mahatma Gandhi, Winston Churchil, o Adolfo Suárez son algunos ejemplos de gobernantes que cambiaron las sociedades en las que vivieron.

Siendo tan importante contar en los países con gobernantes que posean el perfil necesario para desarrollar su función, los instrumentos que existen en los sistemas democráticos se basan en la idea de que todos los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos tienen el derecho de ocupar cargos públicos, Los requisitos que suelen plantearse en los textos constitucionales para ese objetivo se refieren fundamentalmente a características formales, pero no incluye capacidades de orden psíquico, técnico o directivo.

Un gobernante que no cuente con capacidad psíquica para el manejo del poder, que la experiencia del poder lo rebase, confundirá su individualidad con la del cargo perdiendo fácilmente contacto con la realidad. La ruptura de la realidad tiende a destruir su capacidad ética.

Un gobernante que no cuente con capacidad técnica será incapaz de comprender los efectos complejos de sus decisiones, en el sistema político y económico. No tendrá capacidad de plantear y construir políticas públicas serias y eficaces.

Finalmente, un gobernante, que no cuente con capacidades directivas carecerá de la cualidad más importante para dar estabilidad, unidad y rumbo al país o estado que dirige. Será incapaz de realizar planteamientos estratégicos asertivos de largo plazo, tomar decisiones en panoramas de incertidumbre y construir equipos colaborativos.

Muchas personas que llegan a puestos de gobierno carecen de las cualidades necesarias para ello. Sería deseable contar con esquemas de selección de perfiles aplicables de forma previa a aquellos que pretendan ocupar posiciones de gobierno en el sector público.

Recordemos: “Cuando más indefensa está una criatura, más derecho tiene a que el hombre la proteja de la crueldad del hombre”, reza una frase de Gandhi.

En las últimas décadas hemos vivido cambios que han hecho que la incertidumbre sea un supuesto más en la vida económica del país.

Hace algunos años incluso a las crisis internacionales se les daba un nombre dependiendo de su origen, el “efecto tequila”, el “efecto Samba” o el “efecto Vodka”, entre las más famosas. En países abiertos como el nuestro el impacto de los que pasa en otras naciones del mundo es mayor. El “efecto Trump”, ha generado gran incertidumbre en un tema que no estaba que no estaba en nuestros escenarios de riesgo. No cabe duda que vivimos en un mundo menos predecible. Las tecnologías de la información también traen consigo el germen de la incertidumbre en muchos sentidos.

Cambiando de página pasadas las elecciones en cuatro entidades federativas, en el poder Legislativo ya no habrá pretexto para detener por diferencias político-electorales, el análisis y discusión de temas que hasta ahora han quedado en el tintero, eso aún a pesar de que la sociedad en su conjunto sigue pidiendo a gritos mejores herramientas legales en la atención de problemas a graves, como es el caso de la inseguridad y la corrupción.

Como recordamos, en la agenda legislativa siguen pendientes los dictámenes en torno a las iniciativas de ley que proponen el mando único policial, para lograr una mayor coordinación entre los cuerpos uniformados a nivel estatal y municipal, que tengan más capacitación, mejores sueldos y eficientes esquemas de control de confianza; de igual manera, para coadyuvar en los esquemas de vigilancia pública, está detenida una propuesta de Ley de Seguridad interior, que no es otra cosa mas que regular la actuación de las Fuerzas Armadas, dando énfasis a protocolos y respeto a los derechos humanos.

En materia de la lucha contra la corrupción, por todos lados hubo aplausos y buenos comentarios, cuando desde el Legislativo se construyó todo un andamiaje legar para hacer frente a un problema que en todo el país se ha enquistado y, aunque erradicarlo no suena fácil, menos lo será si no se dan los siguientes pasos para su implementación.

La aprobación del dictamen en el Legislativo dio paso a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin embargo, hace casi un año desde que el Ejecutivo federal promulgó todo el paquete nuevo de normas y a la fecha no hay acuerdos entre las bancadas parlamentarias para nombrar al titular de la Fiscalía Especial que deba atender el tema.

“El nuevo sistema representa un cambio de paradigma, que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción”, dijo el primer mandatario, Enrique Peña Nieto, en julio pasado, durante la promulgación de las leyes del SNA.

Hace apenas unos días el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez, informó que sólo 11 estados han completado el proceso de reformas legislativas. Y en esa misma sintonía andan la creación de los sistemas estatales anticorrupción.

Es cierto, tal vez SNA no sea una gran panacea en la materia, pero es lo que hay y si motivos diversos siguen deteniendo su instrumentación, es obvio pensar que el problema seguirá creciendo al grado espeluznante de rebasar casos como los detectados en Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua y otras entidades, donde los mandatarios salientes se despacharon con la cuchara grande.

La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se encuentra en periodo de receso y el recurso legal para que temas como los referidos puedan ser procesados, y eventualmente aprobados sus dictámenes, es la celebración de un periodo extraordinario, donde afortunadamente hay elementos para pensar que entre las bancadas parlamentarias hay interés por alcanzar acuerdos e incluso ya se habla de un periodo extraordinario en julio.

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