Xalapa, Ver.- El diputado local de Morena, Amado Jesús Cruz Malpica, se pronunció porque sea la próxima Legislatura, la LXV, la responsable de designar al Fiscal Anticorrupción y a doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
Entrevistado por reporteros de la fuente legislativa, Amado Cruz Malpica rechazó que dejar a los próximos diputados atender esos temas implique retrasar el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
En vez de ello, destacó la obligación que tienen los integrantes del Poder Legislativo para “arropar” al Sistema Estatal Anticorrupción y evitar que quienes vayan a integrarlo sean ajenos a cualquier sospecha de encubrimiento o corrupción.
“En opinión de Morena, que ha sido muy clara al respecto, esto debe decidirse en la siguiente Legislatura; creo que el Sistema Anticorrupción debe de nacer arropado, precisamente por un procedimiento absolutamente exento de cualquier sospecha de corrupción o de encubrimiento de corrupción”, declaró el diputado por el distrito XXIX de Coatzacoalcos.
Así también, el legislador morenista consideró que hay mucha expectativa en la sociedad y se espera “que las cosas que no han funcionado en gobiernos anteriores, incluido el presente, se mejore; la gente votó en ese sentido y en ese sentido interpretamos nosotros la votación”.
Por lo anterior, Amado Cruz insistió: “vale la pena que los siguientes legisladores sean quienes tomen la decisión, son los que van a trabajar precisamente con esos servidores públicos”.
En otro tema el diputado local reprobó el trato dado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a los empresarios que en días pasados se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir el pago de sus adeudos. En respuesta a ello, el gobernador ordenó al personal de ayudantía a sacar a los inconformes a la calle.
El legislador morenista recordó que con anterioridad, desde la bancada de Morena se han hecho diversos llamados al gobierno del Estado para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pague los adeudos pendientes a los empresarios que comprueben haber brindado un servicio o realizado obra pública.
Por cuanto hace al uso político e intimidatorio que el Ejecutivo hace de la Fiscalía General del Estado (FGE) para citar a declarar a un empresario luego de haberse manifestado recordó que “la libre manifestación de las ideas no es ningún ilícito en el país ni en Veracruz”.
