Denisse Brauer
Ciudad de México.- La desigualdad en el acceso a la justicia y acceso al goce de los derechos humanos que técnicamente están garantizados en la Constitución son los retos principales en la construcción de un Programa de Empresas y Derechos Humanos (PEDH).
En dicho programa, organizaciones civiles, dependencias, universidades privadas y públicas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, UNICEF, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, COPARMEX, Consejo Coordinador Empresarial (CEE), empresas del sector privado y público, así como la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, entre otros actores, trabajan.
Esto es lo que Fernanda Hopenhaym, subdirectora de la organización Project Poder, dio a conocer en el marco de un taller para periodistas realizado en la Ciudad de México.
Explicó que a raíz de la noticia publicada en los años setenta por The Washington Post , a través de la cual reveló que la empresa AT&T Inc y el gobierno estadunidense tuvieron un acuerdo para incidir en el derrocamiento del entonces presidente socialista, Salvador Allende.
Fue en ese momento cuando las Naciones Unidas se preocuparon pues ya no sólo eran los gobiernos sino también empresas, las involucradas en temas de política internacional, por lo que se comenzó a trabajar en distintas propuestas de medidas que regularan el actuar de las empresas a través de diversos instrumentos como códigos de conducta.
Al no llegar a lo deseable: un código internacional para empresas trasnacionales, se continuó trabajado, hasta que en el año 2008 se propone un marco consistente en proteger y respetar los derechos humanos, así como remediar los daños causados a éstos, y en estos tres ejes se dictan 31 principios rectores.
Estos principios, dijo, establecen que el Estado debe proteger, procurar y garantizar los derechos humanos en el contexto del actuar de las empresas, toda vez que todos estamos obligados a respetar los derechos humanos.
A este respecto, Fernanda Hopenhaym señaló que si bien las empresas deben ser tratadas como un particular, en el contexto de corrupción e impunidad que priva en México, esto no es así, “pues el análisis que se ha realizado indica que las grandes empresas tienen otro poder y no pueden compararse con un particular como debería ser, pues las empresas tienen una obligación particular mayor de la que tiene cualquier persona a respetar los derechos humanos”.
En cuanto al tercer eje, la reparación del año por violaciones a los derechos humanos en el contexto económico y empresarial, el Estado debe procurar que haya mecanismos para la reparación.
Agregó que la manera como se han ido implementando estos 31 principios, es a través de Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, cumpliendo con ello algunos países miembros en Naciones Unidas.
México en 2015 decidió participar e implementar estos principios, por lo que actualmente como primera fase se realiza una evaluación nacional con línea de base en estándares internacionales, para conocer el estándar que hay en el país sobre derechos humanos desde la perspectiva empresarial.
“La idea es ver cómo están en México los estándares, qué de ello hay en la legislación y cuáles se podrían retomar o generar para cumplir con los 31 principios, y después se hará una guía para ver cómo se va a elaborar el Programa de Empresas y Derechos Humanos.”
La subdirectora de Project Poder dijo que todo el 2016 se trabajará en la elaboración de este Programa, el cual se espera tener listo el próximo año.
“El gran reto es cómo se implementa, cómo se monitorea y como se evalúa su impacto. Si llegamos a buen puerto tendremos un instrumento que sirva para mejorar las condiciones de desigualdad que prevalecen. Es un tema que tiene que ver con grandes poderes violando derechos humanos de la población más vulnerable.”
