Promueven acción de inconstitucionalidad contra «Ley Garrote» de Veracruz

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Xalapa, Ver. 06 abril 2021.- Diputados de la oposición de Veracruz reunieron las 17 firmas para promover una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma del Código Penal del Estado de Veracruz que modifica el delito de ultrajes a la autoridad, acusando vacíos legales con los que se está desvirtuando dicho marco legal.

Dicho recurso se tramitará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusando la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía.

El trámite lo promueven miembros del equipo jurídico de los Diputados Locales del PAN, PRI y PRD, así como del MC.

Apenas el 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad, cambio que ha generado polémica debido a la detención y vinculación a proceso de miembros de la oposición y líderes de grupos con reclamos al Gobierno bajo este delito.

Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, con la reforma, ahora se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal.

Desde 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de ultrajes a la autoridad es ambiguo y vago, lo que puede permitir su aplicación arbitraria e, incluso, en un instrumento para restringir ilegalmente la libertad de expresión, lo anterior, dentro de la sentencia de los Amparos en Revisión 2255/2015 y 4436/2015.

Los días 3 y 7 de marzo de 2016, el Pleno de la Corte, con el voto de 9 Ministros decidió declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el Código Penal para el Distrito Federal, por permitir el actuar arbitrario de las autoridades por ser impreciso, vago y ambiguo.

Asimismo, señaló que al criminalizar expresiones contra las autoridades, el delito de ultrajes a la autoridad puede ser utilizado como un instrumento para reprimir el derecho a la libertad de expresión.

Recientemente la diputada coordinadora de la fracción PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, acusó lagunas que permiten la detención arbitraria de ciudadanos, señalando que aunque se aprobó la reforma en los hechos se está desvirtuando.

Por su parte, el legislador del PRI, Jorge Moreno Salinas, coincidió en que aunque se apoyó la reforma para evitar agresiones a policías y elementos de seguridad, en los hechos se está utilizando por parte del Gobierno de Cuitláhuac García y de su «brazo ejecutor» la Fiscalía General del Estado (FGE) de formas en que podrían darse abusos de autoridad.

La Ley de Control Constitucional para el Estado señala en su artículo 85 que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o Decreto impugnado, sean publicados en la Gaceta Oficial del Estado. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

El plazo estaba por concluir, pero se logró promover la controversia constitucional, con la rúbrica de la bancada del Partido Acción Nacional con 12 congresistas; del PRI-PVEM, Erika Ayala, Jorge Moreno y Rodrigo García Escalante; de Movimiento Ciudadano Ivonne Trujillo, y de la perredista Jenny del Pilar Trinidad Herrera.

El delito de ultrajes a la autoridad ha sido utilizado recientemente por la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Verónica Hernández Giadáns, para proceder en contra del líder perredista Rogelio Franco Castán, a quien un elemento de la policía ministerial acusa de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como provocarle “miedo” que le ha causado un daño psicológico, hechos por los cuales un Juez de Control le impuso prisión preventiva por 8 meses, a pesar de que dicho delito es menor y no amerita prisión preventiva oficiosa.

De igual forma, por el mismo delito fue detenido por las autoridades veracruzanas el Vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz, Eduardo Mario Cázares, mientras mantenía un plantón de protesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

La semana pasada, 8 personas originarias de Orizaba, entre ellos jóvenes, un adulto mayor y un menor de edad, fueron denunciadas como desaparecidas por sus familiares. Posteriormente, fueron presentadas por la Fiscalía como detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad.

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