Kairós
Sin Estado: ni orden ni libertad
Francisco Montfort Guillén
¿Por qué razones el ejercicio de las libertades y otros derechos de los veracruzanos han disminuido e inclusive para muchos ciudadanos han desaparecido? Esta cuestión debería formar un eje del debate público ahora que tenemos enfrente las elecciones para renovar, en condiciones extraordinarias, los poderes ejecutivo y legislativo. Vivimos en la desembocadura de la sinrazón. Unos comicios secuestrados por el aparato político/gubernamental/electoral a favor del PRI, que permitirán la elección de un gobierno de tan sólo dos años de ejercicio, para después realizar su propia renovación junto con la elección presidencial.
Los debates parecen encaminarse hacia la zona de refugio que más le conviene al partido gobernante: la crítica de un gobernante incapaz y con sombras de corrupción. Tan cómodo es el debate que el candidato priista Héctor Yunes Landa se ha sumado gustoso a descalificar un gobierno y un grupo del cual forma parte. Su ganancia es fácil y sus riesgos son inexistentes gracias a esta actitud acomodaticia y simplista. Echar las culpas a otro personaje es siempre fácil. Asumir responsabilidades por la colusión de intereses es difícil. Y en las circunstancias actuales la crítica y la autocrítica son más indispensables que nunca. Por supuesto que estas acciones están descartadas en el candidato priista.
Sin embargo, a los ciudadanos sí nos corresponde intentar responder la pregunta inicial de este artículo. Porque las causas del caos que viven los veracruzanos, debido a la fragmentación de las noticias sobre corrupción, sobre inseguridad, sobre la pésima calidad de los bienes y servicios públicos impide que se formen una idea completa, o por lo menos, coherente, del camino que siguieron las autoridades y que nos condujo a la profundización de males que bloquean el desarrollo y minan las libertades y los derechos humanos de todos los ciudadanos de Veracruz.
Un inicio que puede ser señalado, sin incurrir en exageraciones, está en la desmesura de Miguel Alemán de querer pasar a la historia como el refundador de la dinastía familiar, y de su influencia personal, mediante la expedición de una nueva Constitución. La tarea no provino de una demanda ciudadana mayoritaria. Tampoco era una necesidad del sistema jurídico local o nacional. Fue un capricho del absolutismo familiar. Y la <<nueva constitución>> fue encargada a un reducido grupo de juristas de dudosa calidad, designados por la voluntad soberana de Miguel Alemán. El pobre resultado apenas alcanzó para producir loas locales de prensa adoctrinada. El corpus de leyes secundarias quedó a medias. Pero el Estado de derecho quedó quebrado en su origen. El siguiente gobernador, Fidel Herrera, se olvidó del tema, preocupado como estuvo, desde el inicio de su mandato, en poner fin al alemanismo y fincar el herrerismo/terrorismo como fuerza hegemónica en todos los dominios del poder económico, político y social.
Con Fidel Herrera Beltrán arribó el <<caos organizado>> es decir, el desorden que busca, con astucia desmedida, borrar todas la huellas de su actuación (ese caos que <<quería producir>> el estúpido secretario particular de Miguel Alemán, cuyo nombre no vale la pena escribir). Su <<estilo personal de gobernar>> aprendido de su maestro Luis Echeverría, asentado en la diaria práctica de la acción sin reflexión, en el movimiento permanente de los grupos sociales, en la disposición caprichosa de los presupuestos públicos, en la sumisión obligada a su persona como forma de dominio político sobre todos los actores públicos produjeron la concentración de todo el poder en sus manos.
Ni uno solo de los poderes formales quedó fuera del dominio personal de Fidel Herrera, ningún funcionario tuvo libertad para realizar su trabajo de manera independiente y eficaz (a diferencia del grupo que acompañó a Miguel Alemán, dirigido con criterios gerenciales de libertad de acción y realización personal), ningún órgano autónomo pudo cumplir sus funciones bajo este criterio, ningún partido político quedó exento de su influencia y dominio. Las instituciones fueron obligadas a funcionar con la sustitución de sus objetivos legales y legítimos y sometidas al funcionamiento de los caprichos del gobernador. La asignación de presupuestos perdió cualquier funcionalidad racional posible. Todo se arreglaba sobre la marcha, sobre las rodillas. La institucionalidad y la legalidad desaparecieron. Las leyes eran apenas un referente que había que obviar. Por eso todos los problemas económicos y sociales se convirtieron en males políticos. Desaparecieron los referentes del Estado de derecho que minaron libertades y derechos ciudadanos. Su matriz es política.
Sus colaboradores fueron seleccionados bajo premisas de sumisión a su persona: nadie podía brillar más que el mismo gobernador, nadie podía tener autonomía para realizar sus tareas. Quien no cumplía con estos criterios era despedido, desprestigiado públicamente e inclusive amenazado. Corrompa y obtenga el cumplimiento a mis caprichos. Obedezca y cállese. Estas eran las consignas a sus subordinados. En ese ambiente fueron formados los jóvenes que acompañaron al gobernador Fidel Herrera. De ese nicho surgió la candidatura de, y el triunfo electoral, de Javier Duarte de Ochoa. En otras palabras: de la ausencia de ideales políticos. Del pragmatismo como forma de gobierno llevado a cabo con astucia y audacia. De la sustitución de objetivos de realización gubernamental, por ambiciones personales de enriquecimiento con los presupuestos públicos. Un ambiente y una concepción de gobierno que provocó la profundización de los problemas sociales, jurídicos y políticos. Nuevamente: ignorancia, en el doble sentido, de la importancia de respetar el Estado de derecho. Ahora, el resultado lo padecemos todos.
El menosprecio por las leyes y el cumplimiento de reglamentos y procedimientos resquebrajó el orden legal. El gobierno perdió la posibilidad de dirigir a la sociedad, ya que careció de respeto a su investidura y la capacidad de realizar los trabajos profesionales legalmente asignados. Primero fue el demencial incremento de la inseguridad pública. Después el descarrilamiento de la economía: ausencia de obras públicas para el bien común, mala calidad de las pequeñas obras emprendidas, engaños permanentes de constructores al erario y del gobierno a éstos, manipulación de programas de asistencia social y toda acción gubernamental llevada a cabo con criterios de control electoral.
Tal vez los casos más dolorosos, aunque no solo los más perniciosos, ocurrieron con el sistema educativo, los programas de desarrollo social y el sistema de salud pública. Éste en el cortísimo plazo y aquél en el mediano y largo. Sus trabajadores organizados para votar, dominados por cacicazgos sindicales que renovaron y ampliaron sus poderes de dominio. Sus trabajadores y presupuestos dedicados a las acciones políticas, con sus titulares (sobre todo Víctor Arredondo) presumiendo las capacidades de ejecución de los programas electorales de cooptación de votantes y de aseguramiento de cuotas de votos.
Nuevamente: los retrocesos en educación, pobrezas y salud; más los pésimos bienes y servicios públicos, tienen como origen el sistema político de dominio priista, que actúa en realidad como Partido Único. Por eso el debate de los problemas que tanto afectan a Veracruz, a sus mujeres, niños, viejos y hombres de todas las edades no debe restringirse a una crítica simplista sobre el gobernador Javier Duarte y la gestión de su equipo de gobierno, como pretende su candidato Héctor Yunes Landa. Es necesario tener claridad sobre los problemas reales en toda su complejidad. Los problemas del mercado que afectan a Veracruz, en todas sus ramas, son difíciles, sobre todo por la coyuntura económica mundial y las dificultades estructurales que azotan al país. Los problemas derivados de la política son más letales, porque detrás de ellos existen grupos de personas empoderadas que mantienen el actual estado de cosas que favorecen la reproducción del poder priista, su nuevo triunfo electoral. Y darán una batalla férrea sin límites legales para conservar el poder, éste que restringe y asfixia las libertades y los derechos humanos de todos los veracruzanos. ¿Usted considera que debe seguir en el gobierno el mismo grupo de políticos que han destruido el Estado de derecho, que han limitado nuestras libertades y derechos humanos? ¿O piensa que la restauración de la legalidad y la legitimidad de las leyes son viables mediante la renovación del gobierno, con otros grupos diferentes, de oposición, que sería una vía inédita, pero inmediata, para iniciar un proceso positivo de buenos resultados gubernamentales? Lo que usted decida en las próximas elecciones determinará la suerte de Veracruz, y de usted, en su vida presente, y en la vida futura de sus hijos y nietos.
