Primer Párrafo /
Xalapa, Ver.- El diputado local del PAN Sergio Hernández Hernández lamentó que nuevamente los xalapeños tengan que padecer por la recolección de basura y se ponga en riesgo la salud de la población, luego de que la empresa Veolia anunció el cierre del relleno sanitario de El Tronconal, ante el incumplimiento de pago por parte del alcalde Hipólito Rodríguez.
Este miércoles, el Gerente Nacional Jaime Fuentes anunció que la empresa VEOLIA , a partir de las 11 horas limitaba el ingreso de las 350 toneladas diarias de basura que genera la Capital Veracruzana, por lo anterior el legislador, exigió al presidente municipal que ponga cartas en el asunto y deje de exponer la salud de la ciudadanía.
Hernández Hernández, reprochó a Rodríguez Herrero que repita el error de octubre del 2018, cuando dejó a la ciudad sin un lugar para el confinamiento de la basura, colapsando totalmente el servicio al no tener un plan B para el depósito.
El diputado local, cuestionó al presidente municipal sobre la cerrazón que prevalece en la administración local, al negarse a solucionar esta problemática con la concesionaria, misma que tomó la determinación este miércoles de cerrar sus puertas ante la falta de diálogo con el Gobierno y un adeudo de 31 millones de pesos, desde hace 15 meses.
Sergio Hernández, exhortó al munícipe a buscar una solución pronta al conflicto que persiste en la ciudad.
“Yo respeto los argumentos de ambas partes, siempre estaremos de lado de la legalidad, sin embargo se está perjudicando a los xalapeños con la postura que mantiene contra la concesionaria del relleno. Esto puede derivar en una crisis sanitaria”.
Finalmente, el diputado consideró que los xalapeños no pueden esperar un año más para que éste conflicto de disposición final de los residuos termine, esto tras las declaraciones del alcalde donde afirma que ya trabaja en la adaptación de un relleno propio, pues el servicio de recolección de basura es un tema de salud pública.
Hay que recordar, que el conflicto inició desde abril del 2018, tras la búsqueda de rescindir el contrato con la concesionaria de parte de la administración municipal morenista. A raíz de ello, el Gobierno dejó de pagar a la empresa acumulando un adeudo millonario.
