Daniela Griego Ceballos (centro).
Redacción
Xalapa
La diputada Daniela Griego Ceballos, reprobó las propuestas para la integración del Tribunal de Justicia Administrativa enviadas por el gobernador al Congreso del Estado, pues se trata de funcionarios ligados al Ejecutivo, el PRI y el Poder Judicial.
Fueron propuestos Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, exdirector jurídico del Ayuntamiento de Xalapa y Pedro José María García Montañez, secretario particular del actual gobernador.
También fueron presentados los nombres de dos Jueces de Control: Estrella Alhelí Iglesias Gutiérrez y Luisa Samaniego Ramírez, la primera de ellas vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita por los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Daniela Griego, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXIV Legislatura, advirtió que pese al debate que se puedas suscitar en el Congreso, dichas propuestas podrían ser aprobadas por la mayoría del PAN, PRD y PRI, los cuales se estarían repartiendo las posiciones en el nuevo Tribunal.
La diputada consideró que con lo anterior se envía “un mal mensaje” para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y la designación de los titulares de las nuevas instituciones que lo conformarán.
“Ojalá y no sea un mal presagio para el nombramiento del Fiscal y por lo tanto la integración del Comité Seleccionador y del Comité de Participación Ciudadana, eso le daría al traste al Sistema Estatal Anticorrupción, el vigilado no puede nombrar a quien lo vigilará», agregó Daniela Griego.
“Es necesario procesos designación ajenos a los partidos políticos, al gobierno (….), no podemos poner a los amigos, a los incondicionales”.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y Parlamento Abierto, Daniela Griego participó en el foro “Anticorrupción en Veracruz y la Participación Social, Desafíos y Obstáculos” organizado por la Universidad de Xalapa (UX).
En ese contexto, la legisladora de Morena lamentó que en la adecuación e implementación del marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción en Veracruz, casi no haya habido discusión con la sociedad civil y la academia.
“Venimos de sexenios donde lamentablemente la corrupción afectó todos los ámbitos de la vida de los veracruzanos, pero impactó en términos de la pobreza, de indicadores salud, de educación, de acceso a los servicios básicos, etcétera”, recordó.
También enumeró algunos de los retos que se plantean a nivel del Sistema Nacional Anticorrupción y que son muy pertinentes para Veracruz:
Definir una política estatal anticorrupción que no se quede sólo en la adecuación del marco legal; construir una cultura anticorrupción en todos los niveles; consolidar las plataformas de información, que sean accesibles a la población; hacer uso de las nuevas tecnologías pero que tenga un impacto en la administración pública; incorporar los derechos humanos a la agenda de combate a la corrupción y establecer mecanismos para la prevención y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas, pues “si la gente no denuncia, si no se le atiende tampoco va a haber mayores impactos”.

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