Williams Cortez
Xalapa, Ver.- Filiberto Lozano estima que en nueve años ha presentado cerca de 18 mil solicitudes de información ante el IVAI, unas 2 mil por año, distribuidos entre todos los sujetos obligados, “ninguno se escapa”.
En una ocasión requirió los gastos que genera la existencia de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales disponen de entrenadores, veterinarios, alimentos especiales y una partida bastante gorda que se pretendía ocultar bajo la excusa de que “se ponía en peligro a la tropa canina”.
Las excusas que de manera recurrente dan los sujetos obligados por la ley en sus intentos por negarle la información son las siguientes: que no saben si se trata realmente de él, que son datos personales, que requirió datos que ponen en peligro al Municipio, a los funcionarios o a la operatividad de la dependencia en turno.
De igual manera, las tácticas dilatorias de los sujetos obligados van desde la fecha y hora en que debes ir a recoger la información, pasando por información incompleta, el cobro indebido de las hojas a entregarse, etcétera.
“Todo eso lo hacen para no dar la información, hay unos como Américo Zúñiga (Alcalde de Xalapa) que nos quiso cobrar cada hoja de información a 57 pesos más IVA, así que si le pedías un padrón con mil hojas, la cantidad a pagar era considerable y esa es la práctica más estúpida que pueden hacer para negarte la información”.
AUDITAR AL ALCALDE
Por cuanto hace a la administración municipal que encabeza Américo Zúñiga Martínez, Filberto Lozano agrega: “Me encanta auditar al Alcalde porque me gusta exhibir sus falacias, su demagogia, sus ocurrencias, ventilar su incongruencia en lo que dice y lo que hace, él debería estar contento porque le hemos dado el primer lugar en opacidad, compite con el Estado de México”.
Pero más allá de eso, agrega que pedir información pública es un sano ejercicio aunque no le guste a los municipios, “sirve para ver como entran y como salen, y nos ha permitido documentar como en los cambios de administración municipal se triplica la burocracia y se gasta más en presupuesto que en obra pública y se generan muchos laudos por esa causa porque los Alcaldes despiden a muchas personas sin causa justifica, esos son caprichos que cuestan obras y recursos”.
Filiberto también ha obtenido información que han tratado de ocultar los partidos políticos, los órganos electorales, las secretarías y dependencias de gobierno, además de los organismos desconcentrados y los llamados organismos “autónomos”.
En este punto recuerda que “todo el que maneja dinero público está sujeto a ese tipo de escrutinio, a todos los sujetos obligados les he pedido información, y eso lo he hecho en todas las esferas para que exista una vigilancia ciudadana, una contraloría, que sepan que alguien los está viendo”.
-¿Tú que ganas con eso?
-No sé qué gane, esto se volvió un deber para mí, me veo como un servidor ciudadano.
-¿Es un deporte para ti?
-Es una materia de ejercicio con mis alumnos, con mis amigos que a veces por cobardes me piden a mí hacer sus solicitudes de información.
LA OPACIDAD
“Yo veo a las unidades de acceso a la información como cocinas y cuando me meto a una aprovecho para que me den no solo un sartén o una cuchara, aprovecho y les hago un inventario de todos los trastes que tienen ahí y uno se entera tantas cosas”.
Y es que, todavía a estas alturas hay municipios que se resisten a dar sus nóminas por seguridad, “entonces que renuncien a sus cargos”.
El entrevistado lamenta que haya casos de funcionarios que ganen 2 mil pesos y que cumplen con la Ley de Transparencia, mientras que haya otros con 17 mil pesos o hasta 50 mil pesos de salario, como en Mixtla de Altamirano, y sean los más opacos del estado.
«Llegamos a tener un director del IVAI que no tenía la currícula de transparencia, entonces qué podemos esperar”.
Pese a lo anterior, advierte Filiberto Lozano que a partir del 25 de mayo de este año, con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública todos van a encontrar nuevas obligaciones, deberes y derechos.
Y en ese sentido alerta que los ciudadanos interesados en la materia de la transparencia deben estar alertas en la puesta en marcha de la armonización de esa ley para el estado de Veracruz, y también en las próximas designaciones de los comisionados del IVAI participen verdaderos ciudadanos interesados en combatir la corrupción y no se permita más la llegada de académicos ligados al sistema o al partido en el gobierno.
LOS PONE A TRABAJAR
-Tus solicitudes ponen a trabajar a muchas personas, incluyendo a ese elefante blanco que se llama IVAI.
– Tiene un presupuesto de 42 millones de pesos que yo ya puse a prueba y que no les garantiza nada porque he puesto a gente correr, luego algunos de ellos me dicen: “oye gracias a ti tengo trabajo”, y hay gente que luego me maldice porque pensaba estar rascándose la panza en la oficina y ese día debe ir a notificar a muchos entes obligados de mis recursos, y si son varios municipios pues se la pasan mentándomela todo el día.
-¿Cómo evalúas al IVAI?
-Si todos los entes se pusieran a trabajar me queda claro que no llegaría mucho trabajo al IVAI, porque los que reciben más recursos son precisamente las unidades que se mantienen opacas y no quieren otorgar la información pública.
-¿Convocarías a más ciudadanos a bombardear al IVAI y a los sujetos obligados con miles de preguntas?
-El IVAI está urgido de casos emblemáticos y hay que atacar por ahí, debemos presentar al Consejo General unos recursos que los ponga a trabajar a ellos y a todas las unidades de transparencia”.
“En mi caso he sido activo, he estado de forma recurrente y en el IVAI y las unidades de acceso y los entes obligados han escuchado mi nombre por lo menos una vez, tenemos una lista de clientes frecuentes porque son los que generan más corrupción como el Ayuntamiento de Xalapa, la UPAV y la SEV”.
De ese modo, Filiberto dice que el ejercicio del derecho a la información sirve para detectar casos de corrupción y como fuentes para los trabajos periodísticos. “Es una obligación ciudadana y moral”.
Y aclara que bajo el candado de la seguridad y de la ley, hay información que es reservada y no se puede hacer pública, sin embargo, se puede esperar el tiempo indicado para volverla a requerir.
La información, concluye, es poder, pero tiene un período de vigencia.
“Lo que lastima es que en México menos del uno por ciento de mayores de edad ejercen el derecho a la información pública”.
