Denisse Brauer/Exclusiva
Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó na serie de recomendaciones y observaciones para las leyes que discutirá el Senado en materia de desaparición forzada, tortura y las reformas al sistema de justicia penal.
Lo anterior en una reunión de trabajo convocada por la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez y el senador panista Fernando Yunes Márquez, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a la que asistieron los integrantes del GIEI.
En principio, Carlos Beristain explicó que en el informe se encontrarán las dificultades a las que el GIEI se enfrentó, además de información que se debe buscar y “a la que nosotros no pudimos llegar por diferentes razones, de ahí, que pedimos a la Procuraduría General de la República (PGR) que dé nuevos pasos en la investigación para el esclarecimiento de esos hechos”.
EL IMPACTO
Dijo que la desaparición forzada no es un problema de un sexenio o de un gobierno, sino que esta problemática va a tener un impacto a mediano plazo, en unos 15 ó 20 años en México; “no se van a acabar desgraciadamente por el impacto que estamos viviendo, que sigue teniendo ese fenómeno y no hay que perder esa perspectiva”.
Beristain dejó en claro que las medidas cautelares a favor de las víctimas y sus familiares no se cancelan o terminan con el final del mandato del GIEI. Sí termina nuestro mandato el día 30, pero las medidas cautelares siguen vigentes, precisó.
Mencionó que se debe crear un mecanismo de seguimiento a esas medidas cautelares y que contribuya a mantener espacios de confianza que se han logrado entre gobierno y víctimas, pues el caso va a seguir abierto durante mucho tiempo “y va a perseguir a México durante mucho tiempo”, por lo que es fundamental que los familiares puedan tener una respuesta.
REVISIÓN AL SISTEMA PENAL
En su turno, Francisco Cox dijo que el caso de Ayotzinapa ha dado la oportunidad de revisar el sistema penal mexicano en su funcionamiento, el cual al ser inquisitivo y escriturado contribuye a la dificultad de manejar la información que se va acumulando, además de contar con excesivos formalismos y la duplicidad de documentación en expedientes que tienen entre 500 y 1000 fojas.
Celebró que se ponga en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal mexicano; sin embargo, llama la atención que los delitos de delincuencia organizada se mantengan en el sistema antiguo, pues ello crea un estado de excepción permanente respecto de ese tipo de delitos.
Asimismo, destacó la necesidad de que los servicios periciales no sigan dependiendo de la PGR, ya que es fundamental contar con un órgano independiente que pueda reafirmar o refutar la teoría de un caso. Otro de los beneficios del sistema acusatorio es que se evitará que cualquiera de las dos partes filtren piezas del expediente que le convienen y por lo tanto generen una percepción de un determinado caso.
Claudia Paz y Paz manifestó que el Senado está a las puertas de aprobar nueva legislación en materia de desaparición forzada, tortura y de justicia penal, por lo que “compartir nuestros hallazgos, nuestras recomendaciones, es fundamental, de vital importancia” porque algunos de los obstáculos que observamos en el caso Ayotzinapa pueden traducirse en obstáculos para el sistema de justicia.
En este sentido, expresó que un sistema de justicia penal no se puede basar casi exclusivamente en la confesión de los acusados para imponer una sanción y una verdad. “Es un mecanismo perverso cuando la jurisprudencia en este caso le da un valor tan importante a las declaraciones de los imputados”.
LA TORTURA
Los ministerios públicos no necesitan presentar ninguna otra evidencia para convencer al juez, y si a esto se le suma el régimen de excepción, donde el Ministerio Público tiene poder sobre la libertad e integridad de una persona durante casi 80 días, pues la posibilidad de que se realicen apremios o torturas para obtener esa confesión, aumenta.
Preguntó si la “versión oficial” del caso Ayotzinapa habría “llegado hasta donde llegó” si se hubiera presentado a los cinco imputados, que declararon sobre esta versión, ante un juez en las siguientes 24 ó 48 horas del suceso y verificara si sufrieron tortura.
Entonces sí es necesario cambiar la valoración que se le da en el sistema de justicia penal mexicano a las declaraciones de los imputados.
LAS VÍCTIMAS
Ángela Buitrago dijo que las víctimas en este caso tienen dos problemas muy graves en la investigación, ya que por un lado padece un fenómeno de incertidumbre frente a la inexistencia de verdad, y por otro, sufre la pérdida efectiva en la desaparición de sus hijos, de los fallecidos y de los lesionados.
El grupo, subrayó, está notablemente preocupado por la situación de las víctimas, pues cuando vemos su realidad analizamos que han sido objeto de un proceso de desconocimiento en términos generales porque no se les ha incorporado a la investigación, además de que se han obviado reglas internacionales que son muy importantes.
Por esta razón, dijo, hemos recomendado que se tomen las medidas necesarias y que sean los grupos sociales, inclusive políticos o judiciales, que puedan acompañar a las víctimas para que se les garanticen sus derechos y se les acompañe en un proceso de restablecimiento y restauración al que tienen derecho. No es una dádiva del Estado, apuntó
Alejandro Valencia afirmó que el caso de Ayotzinapa no es aislado y esporádico en materia de desaparición forzada. Se habla más o menos de 27 mil desaparecidos en México, y desafortunadamente parece ser una violación de derechos humanos en alza, advirtió.
Por eso, consideró importante contar con políticas públicas que respondan de una manera adecuada y eficaz a esta grave violación de derechos humanos. Sabemos que están discutiendo una ley general y creo que tienen una oportunidad única y muy importante de cara al país, de cara a las víctimas, de dar una respuesta adecuada a este fenómeno.
Recordó que el GIEI envió a los senadores, hace aproximadamente 20 días, algunas observaciones en torno al pre proyecto que comenzarán a discutir; “están muy fundamentadas en las recomendaciones que nosotros formulamos el año pasado en nuestro primer informe y con base, también, en el trabajo acumulado durante esta segunda etapa de nuestro mandato”.
Es fundamental que esa ley dé una respuesta integral y todos esperamos “que de verdad ustedes, en primer lugar como Senado, luego la Cámara de Diputados, puedan ofrecer una herramienta acorde a esta problemática. Una ley no va a solucionar definitivamente toda esta grave violación de derechos humanos, pero sí es un paso y qué bueno contar con políticas públicas y herramientas legales en esta materia”.
LEY DE DESAPARICIÓN FORZADA
Al respecto, Angélica de la Peña Gómez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mencionó que las recomendaciones del GIEI y las observaciones particulares que hizo llegar respecto a la Ley de Desaparición Forzada, “son ya temas inscritos en el marco del dictamen de esta ley”.
Indicó que se encuentran discutiendo la decisión de constituir un órgano pericial independiente, “de tal manera que podamos lograr darle mayor certidumbre a este importante mecanismo; sin embargo, no es fácil, debido a que tenemos que llevar estos temas a los grupos parlamentarios para discutir de manera mucho más amplia estos temas.
Para la senadora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos “ha habido una mejora real” en este tema tan importante.
No obstante, reconoció que faltan cosas por hacer y las recomendaciones que hizo el GIEI son muy importantes. “Esto que ustedes han presentado está en nuestra cancha, en este Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión. Hemos tomado puntual nota, el documento que ustedes han hecho entrega seguramente nos va a dar luz en muchos de los temas que están en discusión”.
Por su parte, el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hizo un reconocimiento al grupo de expertos “porque han sido valientes, han cumplido su misión y han soportado, sin duda alguna, una campaña de denuestos y una serie de bloqueos para su trabajo”.
“Si bien ha habido una campaña y los han tratado de lastimar, ustedes siguieron adelante. Nosotros lo sabemos y estamos muy orgullosos de que ustedes hayan participado en este importantísimo análisis de un crimen que ha lastimado profundamente a México”, agregó.
La senadora panista Silvia Garza Galván, expresó que el GIEI realizó un trabajo sensible, delicado y de suma importancia, por lo que el informe y recomendaciones realizadas estarán plasmadas en el próximo dictamen que va a aprobarse sobre tortura y desaparición forzada.
Sin lugar a dudas, puntualizó, hay que revisar la conveniencia de darle autonomía a los servicios periciales, ya que hay un video que angustia y pone las alertas, y que aparece personal de la PGR haciendo un manejo de evidencias que no consta en el expediente, y que dos días después no hay una respuesta de la autoridad para este video.
