Poder judicial debe garantizar la convivencia en familias que están separadas

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Poder Judicial de la Federación, fotografía ilustrativa.

Dario Pale/

Xalapa,Ver.-La convivencia entre la familia es un tema muy importante para garantizar el derecho de los menores de edad en familias que están separadas debido a que están cumpliendo alguna sentencia o están en procesos penales, se les está limitando un poco y estas deben de continuar.

El licenciado Agustín Carpio Pérez, señaló que existen alternativas ya que actualmente la infraestructura de los juzgados en Veracruz tiene la capacidad de hacer convivencia de forma virtual tal y como de ha hecho en otros sectores.

Por lo anterior está proponiendo que el SECOFAN que era la institución encargada de estas convivencías, asista el padre que va a convivir y des de ahí se le enlace una llamada vía whatsApp o vía telefónica para ver la disponibilidad del menor en donde se encuentre, esto en harás de poder mantener el derecho de convivencía que ellos tienen”.

Dio a conocer que a partir del 18 de marzo se decretó por parte del poder judicial que se suspendían las diligencias no tan básicas y con ello las convivencías en un principio se consideró que sería hasta el 20 de abril, pero de dial a la pandemia esto se ha extendido más lo cual afecta a los derechos de los niños, por lo que el poder judicial debe de definir una estrategia para poder garantizar el derecho de los menores.

En otro orden de ideas señaló que el juzgado virtual que el año pasado se inauguró, consideró que es el momento en el que debe de empezar a trabajar de forma “completa” ya que en el juzgado décimo cuarto en Xalapa está funcionando las jurisdicciones voluntarias, por lo que se debe de implementar la parte contenciosa para que los abogados y los justificables tengan este derecho humano de poder acceder a la justicia principalmente en temas relevantes como es la pensión alimenticia.

Señaló que hay madres de familia que quedaron desempleadas y padres también pero se les debe de garantizar a los menores la vida digna y el derecho de poder recibir una pensión, por lo que los juzgados deben de garantizar este servicio.

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