El día 8 de diciembre el subsecretario de gobierno, Antonio Soberanis, tuvo a bien enviarme un mensaje: «el señor gobernador te invita como testigo a la firma del convenio con 23 alcaldes electos en materia de seguridad pública». En el mensaje informaba que la reunión tendría lugar el día lunes 11 a las 9:30 de la mañana.
Dado que el médico me recomendó guardar reposo en estos días, tras una operación, le comuniqué mi interés en enviar un representante. Sin embargo, aunque mi enviado, Ulises Ponce, se presentó en dicha reunión, lo cierto es que le pidieron que se retirara.
Así las cosas, es claro que quien se rehusó a dar cabida al diálogo no fui yo.
En estas circunstancias quiero exponer mi posición:
Como autoridad electa, estoy comprometido con la población de Xalapa en hacer todo lo que la ley establece para construir una política pública que permita brindar seguridad a toda la población que reside o circula por el municipio. Es mi obligación cumplir con los lineamientos que la ley del municipio libre establece en relación a las competencias que tiene el Ayuntamiento para conducir una política de prevención del delito. En esa perspectiva, es necesario que coopere con todos los órdenes de gobierno, federal y estatal, para que impere el estado de derecho. La seguridad de nuestra ciudadanía es una prioridad. En consecuencia, cualquier acuerdo que contribuya a ese propósito es bienvenido.
Estaré en contacto con quien el gobernador designe para revisar y atender cualquier convenio que coadyuve a superar la situación tan crítica por la que atraviesa nuestra entidad. Es claro que cada orden de gobierno tiene competencias específicas, y las que atañen al gobierno municipal se ubican en el campo de la prevención. Desde hace meses estoy trabajando con mi equipo en esa perspectiva y haré todo lo necesario para que en la capital del estado se configure una nueva policía municipal confiable, cercana a la gente, que atienda sus necesidades de seguridad.
