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Francisco Cabral Bravo

Veracruz no cambió hace semanas. Cambió antes, pero nos acabamos de dar cuenta. Me sorprende el esfuerzo por hacer como si nada pasó. La aquiescencia instantánea me provoca náusea.

Hoy los mexicanos estamos escandalizados por los niveles que ha alcanzado la corrupción en los gobiernos locales. La detallada descripción de Raymundo Riva Palacio, sobre la corrupción en el estado de Veracruz es para película o serie de televisión. Sin embargo hay otra corrupción menos noticiosa, pero de gran impacto para la vida de los ciudadanos, que es la corrupción cotidiana de que somos víctimas cuando vamos a realizar un trámite o solicitar un servicio o tenemos contacto con la autoridad.

Desde hace algunos años el INEGI mide las experiencias de corrupción, desde las perspectiva de la víctima del cohecho, en la realización de una serie de trámites, pagos, solicitudes de servicios o contacto con las autoridades que el ciudadano reporto haber realizado. Es decir, no se trata de que si yo pienso que hay corrupción o que si la vecina de la prima de un amigo que dijo que había corrupción; la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) busca captar experiencias de corrupción.

La ENCIG mide la corrupción cotidiana que vivimos los ciudadanos en los servicios públicos básicos, como la recolección de basura; en los servicios públicos bajo demanda, como la atención medica; en los pagos, como el predial; en los trámites, como los que hacemos ante el Registro Público de la Propiedad o los actos de autoridad, como las multas por faltas administrativas o los incidentes de tránsito.

La ENCIG  estima que en el 2015 la tasa de prevalencia de corrupción fue de 12,590 víctimas  por cada 100 mil habitantes. Como era de esperarse, el trámite con el mayor de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública con un 55.2% seguido de los trámites ante el ministerio público 23.7%, los trámites para abrir una empresa 22.4% y los trámites ante juzgados o tribunales 21.8%.

En la ENCIG sólo se contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana en los hogares; no obstante, este año el INEGI  con el apoyo de COFEMER está realizando una encuesta que permitirá detectar dónde están las experiencias de corrupción que impiden el correcto desempeño.

La información que proveen estas encuestas no debe perderse de vista en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que puede ser la base para impulsar una agenda que permita combatir la corrupción que sufren todos los días los ciudadanos, por servidores públicos que aprovechan cualquier posición para extorsionar y sacar provecho personal a costa de los demás.

Cuando por todos lados diversos sectores de la sociedad mexicana comentan, rumoran, advierten y se preparan ante la supuesta construcción de un muro en la frontera norte de nuestro país, luego de que en campaña política así lo planteó el hoy presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con mucha seriedad el diputado federal Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, nos dice una verdad de a kilo, de esas que dan pauta para la reflexión en medio de tanta polémica; “El muro que hay que ver y hay que destruir, se llama corrupción”.

Tal como lo señala Zambrano dicha expresión surge en el contexto de las acusaciones que el actual gobierno del estado de Quintana Roo hace contra el exgobernador Roberto Borge Angulo. Y por si no fuera suficiente la mirada de la justicia hacia varios ex mandatarios. De los gobiernos corruptos la justicia federal ya está haciendo lo suyo para procesar a quienes hayan incurrido en anomalías y de ello están dando cuenta con lujo de detalle los medios de comunicación locales, nacionales y hasta internacionales; pero no estaría mal que el partido que encabeza Ochoa Reza se diera tiempo para evaluar a quienes llegaron con el voto de sus simpatizantes, porque es un hecho que el escenario político hay gobiernos omisos y negligentes.

Es cierto, hoy la mirada de la opinión pública está puesta  en las irregularidades y todo tipo de actos de corrupción que pesan sobre exgobernadores como los de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Veracruz, el estado de México y Chihuahua son las entidades federativas que más incrementaron su deuda de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a pesar de estar en vigor la ley de disciplina financiera.

En Veracruz se incrementó la deuda en 3 mil 654.4 millones de pesos, un repunte anual de 8.1%.

“Cambiar a México requiere que salgamos de nuestra burbuja”

Elegir políticos honestos comienza con una ciudadanía que cumpla cabalmente con sus obligaciones  y que tenga la estatura y la autoridad moral para que sus derechos no sean atropellados.

¡Más nos vale que seamos capaces de lograrlo!

 

 

 

 

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